Los propietarios de viviendas ocupadas dejan de estar obligados al pago de las facturas del agua

okupación Madrid

Desde este viernes 28 de octubre, los propietarios de viviendas que hayan sido víctimas de una ocupación, dejan de estar obligados al pago de las facturas del agua de su inmueble, las cuales serán bonificadas al 100%.

El Canal de Isabel II se hará cargo de dichas facturas, tal y como se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La bonificación se aplicará desde la fecha de presentación de la solicitud y durante el tiempo que dure la situación de ocupación ilegal. Inicialmente tendrá una vigencia de seis meses que, en todo caso, podrá prorrogarse en periodos de idéntica duración mientras la vivienda permanezca ocupada ilegalmente y así se justifique.

Esta ayuda se contempla, tanto para los casos en que la ocupación ilegal se produce en perjuicio de los titulares del contrato de suministro (cuando existe contador individual), como para aquellos que no son titulares y el contrato está a nombre de la comunidad de propietarios (porque hay un único contador en toda la finca). En ambos casos se bonificará el 100% de la parte fija y variable de la factura del agua.

Para tramitar la bonificación, los afectados deben aportar la documentación que justifique la iniciación de un procedimiento judicial dirigido a recuperar la posesión de la vivienda ocupada. Se puede pedir presencialmente en la oficina comercial de Canal de Isabel II (José Abascal, 10 Madrid) o través del correo electrónico <clientes@canaldeisabelsegunda.es>.

Con esta medida, a la que Canal de Isabel II va a destinar un millón de euros, se quiere prestar apoyo a las personas que no pueden disponer de su vivienda y tienen que hacer frente al perjuicio económico que supone la ocupación de la misma ya que, hasta ahora, estaban obligadas a asumir el pago de los consumos efectuados por los ocupantes.

Servicio 112 ocupación

El servicio 112 Ocupación ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono gratuito 900 205 112. Los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno.

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