Es difícil caminar por la calle Josefa Valcárcel y no sentir la historia que la rodea. Desafortunadamente es un sentimiento que no ocurre a primera vista, pues poco queda ya de aquella calle original llena de joyas arquitectónicas.
Hoy recordamos al número 30 de esta peculiar vía empresarial, lugar en el que se levanta el «Merrimack IV», un monstruoso edificio de oficinas acristaladas (sede de Dufry) que sustituye a un trocito de la historia de la arquitectura moderna del Barrio Salvador y de Madrid y que, desafortunadamente, ya solo vive en nuestros corazones: el Edificio La Pagoda, conocido así por su forma.
Construido por el arquitecto Miguel Fisac en 1965 para los Laboratorios Jorba, se trataba de un edificio de oficinas de apenas siete plantas de hormigón, cada una de ellas girada 45 grados respecto de la anterior, un edificio que se convirtió de inmediato en uno de los más emblemáticos y característicos de Madrid, siendo visible desde la A-2 (cuando esta se conocía como «Nacional II»), hasta que se demolía en agosto de 1999.
El edificio no estaba incluido en la lista de lugares protegidos de la capital del Plan de Urbanismo de 1997, con lo que ni las protestas de los vecinos, ni la polémica surgida en la prensa, consiguieron evitar la desaparición de una gran obra arquitectónica, fruto de la especulación inmobiliaria, dicen algunos.
Según Fisac, habría sido el propio Ayuntamiento de Madrid, encabezado por entonces por José María Álvarez del Manzano, quien fomentó la exclusión de La Pagoda del catálogo de edificios protegidos y su posterior derribo, según él para «castigarle» por su salida del Opus Dei.
Lo que hoy tenemos claro es que se trató de un entramado burocrático-administrativo urbanístico, tras el que nadie supo a ciencia cierta ni quién ni porqué se llevó a cabo su demolición.
El día que se procedió al derribo, un grupo de arquitectos y personas contrarias a la demolición se concentraron delante de la Pagoda para intentar paralizar la orden, cosa que no consiguieron. Pero lo que sí consiguieron fue que se crease un debate y una polémica en torno a su derribo y en torno a la figura de Fisac y su importancia para la historia de la arquitectura española moderna. La demolición fue tildada por los medios como un acto de “terrorismo cultural”.
Cuando Luis Armada, gerente municipal de Urbanismo por entonces, se apercibió de la entrada en funcionamiento de la piqueta, se exculpó en principio con el argumento de que el edificio de Miguel Fisac nunca había sido catalogado para su protección por los dos expertos, Julio Cano Lasso y Javier Carvajal (a los que la Oficina Municipal del Plan encomendó la precatalogación de edificios de arquitectura contemporánea en 1993). Los hijos del difunto Cano Lasso mostraron al poco pruebas de que fue propuesta su protección integral en el informe presentado por su padre a la Comisión Asesora, de la que la Oficina Municipal del Plan formaba parte.
Hoy se sabe, además, que La Pagoda fue incluida en el Proyecto de Catálogo de Edificios y Conjuntos de Madrid, con el registro ISBN número 84-500-2402-1 y Depósito Legal M.42111-1977, catalogada como Elemento de Carácter Singular, dentro de la relación elaborada por el arquitecto Juan López Jaén entre los años 1974 y 1977, quien lo ha atestiguado con documentación. Pero, además, ese elemento singular fue homologado como tal por el Ayuntamiento de Madrid en Pleno, en su sesión celebrada el 30 de septiembre de 1977 «como prueba documental básica para preservar la ciudad de demoliciones salvajes, escamotear o provocar declaraciones de ruina y otras acciones que perjudican al conjunto urbano», según se dijo en la sesión municipal. El acuerdo plenario que catalogó La Pagoda fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, de fecha 8 de noviembre de 1977, junto con la relación de Elementos de Carácter Singular y sus planos, a escala 1: 5.000.
Es decir, que un Ayuntamiento de la predemocracia protegió un edificio que consistorios ulteriores, según versión de la por entonces Gerencia Municipal de Urbanismo, no protegieron, pese a que la tal cautela urbanística, con el grado máximo, integral, fuera propuesta por Julio Cano Lasso y Javier Carvajal en 1993 a pesar de la negativa inicial de Luis Armada a reconocerlo. Posteriormente, las cosas se embrollaron más todavía con un baile de fechas distintas brindadas por Luis Armada y el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, a propósito de una reunión de la Comisión de Patrimonio, a la que, por un circuito no aclarado, llegó la alarma sobre la inminente destrucción de La Pagoda.
En fin, una pena.
