Según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), que extrae los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas, Madrid lidera la reducción de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) a nivel nacional, con un 40 % de reducción en la capital frente al 15 % de todo el país, un resultado fruto de las políticas adoptadas desde 2024 para ordenar la oferta y proteger el ámbito residencial.
En 2024, el Ayuntamiento congelaba la concesión de licencias, endureciendo las sanciones hasta la aprobación definitiva del Plan RESIDE, que llegaba a finales de 2025 para blindar el uso de la vivienda habitual y desplazar las viviendas turísticas fuera de los edificios residenciales. Este plan incluye diferentes actuaciones como no otorgar licencias a viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico u otorgarlas fuera de ese ámbito a quienes posean acceso independiente en planta baja o primera planta. También ofrece incentivos urbanísticos para transformar edificios de oficinas en uso residencial.
Las anteriores medidas se suman al endurecimiento del régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operen como viviendas de uso turístico (VUT) sin contar con autorización del Ayuntamiento. También a la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y acceso a su ubicación real. En la actualidad, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifica que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actúa al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, el Ayuntamiento ejecuta el siguiente procedimiento:
- Primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad.
- En caso de incumplimiento, sanción firme de 30.001 euros.
- Segunda sanción firme de 60.001 euros si continúa la actividad irregular.
- Tercera sanción firme de 100.001 euros si persiste el funcionamiento.
Además, el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) actúan conjuntamente para difundir información a las comunidades de propietarios para que conozcan la normativa, con el objetivo de evitar que existan pisos turísticos ilegales dispersos conviviendo con viviendas residenciales. En este sentido, el CAF se dirige a los propietarios de las posibles viviendas turísticas irregulares, detallándoles cuáles son las cuantías de las sanciones y los pasos para proceder a su legalización, en caso de que sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.
